Un sondeo realizado en Rosario a 420 jubilados y pensionados determinó que 9 de cada 10 encuestados consideró un error el veto al 82% móvil. Además, el 62% no acuerda con derivar afiliados a efectores privados.
El equipo de trabajo del diputado nacional Fabián Peralta (GEN-FAP) realizó un relevamiento a través del cual encuestó a 420 jubilados y pensionados de la ciudad de Rosario con el fin de conocer las opiniones de los afiliados al PAMI sobre algunos de los aspectos que involucran a los adultos mayores.
Según Peralta “el Gobierno reivindica el aumento que se les otorgó a los jubilados este año, que ascendió al 31%, lo que no admite es que nunca se actualizó la base y que un jubilado gana $1.880. Por eso no extraña que el 90% de los encuestados diga que fue un error de la Presidenta vetar el 82% móvil”.
Para avanzar en otro de los objetivos de este estudio, se consultó cuál es la visión de los afiliados del PAMI acerca de la decisión de levantar las UDEs (Unidades Descentralizadas) que funcionaban en los propios centros de jubilados. “Fue una decisión inconsulta, intempestiva, que ocasionó -y ocasiona- un grave perjuicio a los adultos mayores. Hay casos de jubilados a los que se les hace imposible el traslado, y la posibilidad de atenderse en su barrio era muy valorada. Esto quedó expuesto en la encuesta, donde del total de los jubilados que conocían de la existencia de las UDEs, el 94 % no está de acuerdo que ya no funcionen”, sostuvo el legislador nacional del GEN. En este sentido, Peralta ya presentó un proyecto en la Cámara de Diputados con el objetivo de que se vuelvan a poner en funcionamiento las Unidades Descentralizadas que el PAMI desarticuló.
Por otro lado, otra de las controversias que se generó hace unos meses, fue la decisión de derivar a efectores privados a algunos afiliados que se atendían en PAMI 1 y 2; en ese sentido Peralta señaló: “Los jubilados están muy conforme con los efectores públicos y no tanto con los privados donde hay más disconformidad en algunos que en otros, y por eso pensamos que la salud la debe prestar el Estado, y Rosario debe ser un ejemplo a seguir por el resto del país y evitar que sean vaciados los efectores que hoy tenemos. En concreto, hay que pensar en un PAMI 3 y no en limitar los dos que tenemos”.
Consultados respecto de por qué no comparten las derivaciones al sector privado, el 52% de los encuestados respondió por la relación con el cuerpo profesional y administrativo en los efectores públicos y un 28% porque cree que el Estado es responsable de brindar el derecho a la salud.
Por último se los consultó sobre la intervención que se lleva adelante en el PAMI. La mayoría pide una normalización de la institución. Si bien hay un porcentaje importante que no quiso contestar (43%), de los jubilados que sí contestaron el 61% no está de acuerdo.
A modo de balance y análisis de los resultados obtenidos en la encuesta y de las medidas aplicadas por las autoridades nacionales al respecto, Peralta sostuvo: “No es posible que haya jubilados que esperan meses por un bolsón de $100 o que se les descuenten los $45 que se le otorgaban. Hay que pagarles el monto adecuado y dejar de poner parches. El 82% móvil no es un capricho, es un derecho. Además, en el presupuesto que se votó la semana pasada hay una partida para pagar 25.000 sentencias judiciales, pero se calcula que son muchísimas más, vale recordar que hablamos de adultos mayores que no siempre tiene el tiempo suficiente”.
