La Cámara de Diputados convirtió en ley por 144 votos contra 6 y 31 abstenciones el proyecto que penaliza a empresas por delitos contra la administración pública con sanciones que van desde multas hasta la suspensión de la actividad y de la participación en licitaciones de Estado.
Con la sanción de la ley, la Argentina cumple con el requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que pidió una norma que apuntara a la arista empresaria de la corrupción, ya que el Código Penal contempla penas solo para personas físicas, ya que una compañía involucrada en un ilícito de esta índole podía seguir operando sin ninguna consecuencia.
La sanción se logró luego de que los diputados aceptaran los cambios introducidos por el Senado al proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria al cosechar los votos favorables del interbloque Cambiemos, del bloque Justicialista, y del Frente Renovador.
