Ahora el sistema es oral y público, luego de seis años de implementación gradual para erradicar el anterior que ya no existe en toda América Latina.
El pasaje de un modelo inquisitorio a otro acusatorio es un cambio institucional sin precedentes en la historia de la provincia. Como señala la prensa del Ministerio de Justicia provincial, “este cambio reconfigura por completo la justicia de Santa Fe, poniéndola en consonancia con los principios que contiene la Constitución Nacional y los tratados internacionales”.
El sistema inquisitivo, escrito, caracterizado por la centralidad del expediente, quedará archivado, definitivamente y el nuevo modelo, oral y público en todas sus instancias, está a la vista de las partes y de la sociedad. De esta manera cada proceso será más ágil y transparente.
En el nuevo enjuiciamiento penal, los fiscales son quienes investigan las causas, y los jueces (que antes realizaban esta tarea), sólo tienen por obligación resolver, en función de las pruebas y elementos aportados por el Ministerio Público de la Acusación y la defensa.
En el nuevo sistema procesal, diseñado y sancionado por ley en 2008, la víctima de un delito o sus familiares (convidados de piedra en el sistema anterior pues no eran parte del proceso), pasan a ocupar el centro de la escena, porque pueden convertirse en querellantes y recibir respuestas más rápidas y acordes a sus necesidades.
“Esta transformación implica un profundo cambio cultural, un nuevo paradigma y una nueva distribución del poder”, señaló Lewis, al frente del Ministerio que ha sido órgano de implementación de la reforma. “Constituye una de las transformaciones institucionales más grandes en la provincia desde el retorno a la democracia”, subrayó el ministro.
Antes y después
En el viejo sistema, denominado “inquisitivo”, el juez tenía un papel fundamental, excesivo, porque se encargaba de investigar, impulsar la causa y dictar sentencia. Ahora, sólo debe decidir en el marco de una audiencia oral.
El fiscal, representante de los intereses sociales, establece en cada caso si lleva adelante la persecución penal o no, y si resuelve hacerlo, reúne la prueba, prepara su caso, presenta la acusación y la sostiene. El defensor, representante de los exclusivos intereses de su defendido, reacciona frente a la pretensión del fiscal. El tribunal se expide, luego de oír a las partes, y procurando que se respete la ley en todo momento del proceso.
Para garantizar esta nueva dinámica, se dictaron leyes complementarias al nuevo Código de Procedimientos, entre ellas las que crean el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, los cuales nuclean a fiscales y defensores respectivamente.
Además de estas instituciones, que pertenecen al ámbito judicial, se crearon otros organismos y reparticiones que suman funciones y desconcentran poder. Como los nuevos tribunales penales (ahora los jueces trabajan en colegios y no en juzgados, es decir que hay un pool de magistrados a quienes se les va asignando casos para que resuelvan) y la Oficina de Gestión Judicial, que organiza el sistema de audiencias y se encarga de todo lo administrativo.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo creó cinco Centros de Asistencia Judicial (CAJ) a lo largo de la provincia para asistir a las víctimas en situación de vulnerabilidad. Los CAJ cuentan con oficinas de asistencia a la víctima y de mediación penal, un servicio público que surge como alternativa a la respuesta tradicional a los conflictos penales y permite alcanzar acuerdos reparatorios.
Con el nuevo sistema, además de la tradicional sentencia “culpable o inocente”, es posible arribar a acuerdos y plantear salidas alternativas al juicio para una resolución real del conflicto. “Este modelo es jurídicamente más acomodado, con mayor versatilidad para resolver más eficazmente el conflicto, y también aparece con herramientas nuevas”, indicó en ese sentido Lewis.
La reforma fue compleja porque implicó, además de cambiar leyes, capacitar a los operadores y montar las estructuras de los nuevos organismos en lo concerniente a recursos humanos y materiales (inmuebles, telefonía, movilidad, etcétera), de allí los tres ejes de la implementación en los que trabajó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: lo normativo, la capacitación y la infraestructura.
Se planteó como objetivo que los tribunales penales tuvieran un diseño adecuado a las exigencias tecnológicas de la oralidad, que priorizara el establecimiento de circuitos de circulación diferenciados entre jueces, imputados, y público en general. En dicho sentido se refuncionalizaron espacios para acondicionar salas de audiencia en toda la provincia y montar Oficinas de Gestión Judicial (OGJ).
Por otra parte está en pleno desarrollo la construcción del Centro de Justicia Penal de Rosario, obra arquitectónica emblemática que albergará a los nuevos Tribunales Penales, el MPA y el SPPDP.
Para la designación de funcionarios, se realizaron concursos bajo las premisas de transparencia, excelencia, celeridad, regionalización y participación ciudadana. Actualmente se encuentran designados el Fiscal general, el Defensor provincial, cuatro de los cinco Fiscales Regionales (Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela) y los cincos Defensores Regionales (Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto). Es decir un total de 11 autoridades.
Asimismo, han sido designados 105 funcionarios (66 fiscales y 39 defensores públicos), restando el acuerdo legislativo de 12 pliegos enviados a fines del año pasado para su designación (dos cargos de fiscales adjuntos y 10 de defensores públicos adjuntos).
En cuanto a funcionarios y empleados de las nuevas instituciones y de los tribunales penales, a través de distintas leyes se crearon en total más de 700 cargos. El Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y la Oficina de Gestión Judicial contarán además con empleados que se desempeñaban en el viejo sistema de justicia y que optaron por ingresar a esas nuevas instituciones.
En cuanto a los magistrados, desde 2010 se designaron en toda la provincia 13 jueces para la Cámara Penal (intervienen en los recursos que plantean fiscales y defensores), cubriéndose 35 cargos de jueces de primera instancia. Todos ellos se encuentran en funciones, y se están concursando 13 cargos para juez.
La Corte Suprema dispuso que a partir del 10 de febrero cumplirán funciones exclusivamente en el nuevo sistema de justicia penal 26 jueces en toda la provincia, asimismo aquellos de distritos más pequeños cumplirán funciones en ambos sistemas.
En Rosario se desempeñarán exclusivamente en el nuevo sistema diez magistrados, mientras que en la ciudad de Santa Fe lo harán seis. A medida que vayan concluyendo las causas del sistema residual, la Corte Suprema de Justicia irá afectando más jueces al nuevo sistema, que arranca con carga de trabajo cero.
La implementación del nuevo proceso penal fue diseñada y sancionada por ley en 2008. Se estableció que fuera una implementación gradual, por materias y por etapas (no por regiones, como había sucedido en otros países de Latinoamérica). Esto obedece a que se buscó preservar la igualdad entre los habitantes de la provincia, independientemente de la región geográfica en la que se encontraran a la hora de sufrir o cometer un delito.
Desde entonces se trabajó intensamente en los ejes normativo, de capacitación y de infraestructura. Para ello se está desarrollando un sistema informático integral para la nueva justicia penal, algo inédito en la provincia.
Para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, esta etapa que comienza en pocas horas “viene a plasmar cuestiones que desde las universidades se han defendido teóricamente durante muchísimo tiempo y en las que nosotros nos hemos empapado, pero de manera teórica, y ahora vienen a convertirse en una realidad. De modo que es algo que todos anhelábamos y al mismo tiempo hay que hacer camino al andar”, señaló Lewis.
