Afip y el Banco Central notificó e dio un plazo de diez días a través de una carta exigiéndoles que demuestren que salieron del país o que en su defecto devuelvan el dinero obtenido.
El Banco Central de la República Argentina comenzó con su tarea de comprobar si los que cobraron dólares viajaron o no al exterior. Desde la entidad bancaria más importante del país consideran que estas personas pueden haber mentido en su declaración jurada para adquirir las divisas, según publicó diario La Nación.
A los sospechados se les envió una carta y se les da un plazo de diez días para presentar la documentación que pruebe el egreso del país o la devolución de las divisas en caso de suspensión del viaje. En la mayoría de los casos los inspectores piden fotocopias del pasaporte y tickets del medio utilizado para viajar, aunque la ley les permite requerir desde comprobantes de pago hasta peritajes contables.
La Afip hará la nómina de las personas “sospechosas” a partir de cruzar información con las bases de datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Los nombres son entregados a las áreas de control del Central, encargadas de fiscalizar operaciones financieras y cambiarias.
Desde el inicio de este procedimiento “se enviaron centenares de cartas”, confirmó la fuente, sin precisar el número total de misivas. Estos procedimientos se realizan con base en el punto 3.2 de la comunicación “A” 5318 del Central. El 5 de julio de 2012, el BCRA cambió las normas de formación de activos externos de residentes (incluso se prohibió la compra de dólares para ahorro). Los residentes y familiares a cargo son autorizados para acceder al mercado cambiario para realizar viajes “en función de los lugares de destino y días de estadía”, aunque no se especifica cuál es el criterio.
La circular establece que, en caso de no realizar el viaje, el cliente asume el compromiso de devolver los dólares al mercado (canjeándolos por pesos al tipo de cambio oficial) dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha declarada. Asimismo, las postergaciones por más de diez días hábiles también son consideradas por las autoridades como suspensiones.
Vale recordar que el formulario de validación de datos para adquirir divisas para viajes y turismo fue habilitado por la AFIP el 29 de mayo pasado. El administrador federal de ingresos públicos, Ricardo Echegaray, dio el puntapié en la implementación de controles. A fines de enero pasado declaró que quienes compren divisas para viajar y no lo hagan podrían incluso llegar a sufrir la suspensión del CUIT.
El titular de la AFIP precisó que a partir de los controles que realizan, al sospechoso primero se lo inhabilita en el sistema, luego se informa al Banco Central, después se suspende la clave fiscal y, por último, podría haber una inspección fiscal al contribuyente en cuestión.
Según los cómputos del organismo recaudador, el 20% de las solicitudes aprobadas de compra de dólar para turismo termina presentando inconsistencias. Echegaray informó en enero pasado que desde el debut del sistema había 13.943 casos de personas que compraron divisas, pero no realizaron el viaje ni devolvieron los billetes requeridos.
El año pasado, unos 11,25 millones de residentes viajaron a otros países, pero la AFIP emitió autorizaciones para 331.875 operaciones para comprar moneda extranjera para ese fin, lo cual hace presumir una alta tasa de argentinos que recurre al mercado informal o directamente echó mano a sus ahorros. Los últimos registros daban cuenta de la presentación de unas 28.000 solicitudes mensuales para este ítem. El 63% correspondió a turismo y el 25%, a gestiones comerciales. Los principales destinos informados en las declaraciones juradas son Estados Unidos, con 23%; Brasil, 14%; Chile, 12%, y Uruguay, 11 por ciento.
Para los casos de supuesto fraude, la mitad de los declarantes afirmó que viajaría a Uruguay o a Chile como principal destino. La AFIP dio cuenta de que tres de cada cuatro de los que demandan dólares para viajar son personas de entre 21 y 60 años: el 76% trabaja en relación de dependencia, de los cuales más de la mitad tienen ingresos que no superan los 8000 pesos mensuales.
