La presentación hecha por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ante la Legislatura provincial para que se evalúe si el Defensor Provincial Gabriel Ganon, debe ser removido de su cargo por mal desempeño de sus funciones, es un claro indicio de que el proceso de reforma judicial iniciado en el año 2006 empieza a dar resultados.
Más allá del fondo y la forma de la cuestión que los legisladores tendrán que resolver, desde nuestra mirada política es evidente que las nuevas instituciones creadas por la reforma han modificado la trama de poder de la Justicia provincial, impactando de lleno en las antiguas lógicas.
Uno de los principales pilares de la reforma judicial es la independencia entre si de los tres actores centrales en cualquier disputa judicial: el juez, el fiscal y el defensor.
Las leyes provinciales 13.013 y 13.014 consagran la autonomía del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, modificando su antigua dependencia del Procurador de la Corte.
Esta independencia estructural, se fortalece además con las disposiciones legales que establecen que el Fiscal General y el Defensor Provincial duran 6 años en sus cargos y no pueden ser reelectos, lo que les da mayor libertad de criterio, constituyendose en “rara avis” dentro un Poder del Estado conformado casi totalmente por funcionarios “ad vitam” con estabilidad hasta su jubilación.
La independencia de criterio del Dr. Ganon, “ha sacudido el avispero”, las antiguas lógicas empiezan a ser perturbadas, quizá en el viejo modelo un llamado telefónico del Procurador era suficiente para disciplinar al funcionario. Por suerte los tiempos están cambiando, en realidad no por suerte, si no por el esfuerzo, la constancia y la militancia de muchos.