La Presidencia de la Nación presentó seis proyectos de ley en el Congreso. Este conjunto de propuestas legislativas apuntan, según sus autores, a democratizar la justicia.
Nadie duda de la necesidad de promover cambios en los poderes del Estado, incluido el Judicial. Democratización, pluralismo, transparencia, acceso igualitario a los cargos públicos, rapidez de la respuesta del servicio de justicia, y un largo etcétera, son verdaderos tópicos acerca de los cuales existe gran consenso en la sociedad.
En primer lugar, debe aclararse que este paquete de leyes incidirá solamente en el ámbito de la justicia nacional y federal. Salvo en los casos de tener que litigar contra el Estado nacional (en cuyo caso actúa la justicia federal), los ciudadanos santafesinos y de todas las Provincias seguirán teniendo su propia legislación para elegir y designar jueces, para las medidas cautelares que no sean contra el Estado Nacional, etc.
Más allá de los juicios de valor que —inicialmente y sin profundizar en su estudio— puedan suscitar las propuestas del Poder Ejecutivo, se anuncian cambios y efectos tan importantes que despiertan expectativas y temores que son propios de todo cambio profundo. También se le otorga a ésta (como a otras reformas legislativas) efectos sanadores de todos los males, cuando debemos tener mucho cuidado porque los problemas como la morosidad, el acceso a la justicia, la seguridad jurídica, etc., no se van a solucionar de la noche a la mañana se aprueben o no los proyectos en cuestión, tal como los mandó el ejecutivo o con los cambios que se discutan en el Parlamento.
Bienvenido sea el debate sobre temas tan trascendentes como el quehacer del Poder Judicial, pues “…nunca hay que tratar de quemar las buenas ideas… cuando se genera un espacio de debate que nos permita reflexionar y repensar la matriz de un poder del estado como es el judicial, hay que aprovecharlo” (nos dice el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe y ex Decano de nuestra Facultad de Derecho de la UNR Prof. Daniel Erbetta en La Capital 18/03/2013). Agrega, y yo comparto, que “… descalificar de inicio la posibilidad de un debate que Argentina, por la sola situación de que venga de un sector, no suma. No tiene entidad la descalificación como para ser tenida en cuenta”.
Algunos de los proyectos gozarán de un gran consenso como la transparencia en el acceso de los empleados judiciales, la necesidad de presentar declaraciones juradas por parte de jueces; etc.
Otros, como la reforma del Consejo de la Magistratura (que apunta a un tema tan controvertido como fundamental para el futuro funcionamiento de la justicia como es la elección de los futuros jueces y su juzgamiento por mal desempeño), la creación de las Cámaras de Casación, la modificación de las medidas cautelares, todos ellos necesitan de la construcción de un consenso muy importante.
El Congreso de la Nación es el encargado de sancionar las normas respondiendo a la política legislativa que lleve adelante. Ellos son nuestros representantes y a ellos nos ofrecemos como Universidad Pública y como Facultad de Derecho para colaborar en su estudio y discusión.
Finalmente —y como respecto de cualquier norma que sancione el Congreso— esperamos un amplio y respetuoso debate que contemple todas las opiniones y que respete a la Constitución Nacional y a la República en la observancia irrestricta de la división de poderes y garantía de los derechos individuales.
Para mejorar la democracia hace falta más democracia y especialmente cuando se trata de legislar para democratizar un poder del Estado.
(*) El autor es abogado y Decano de la Facultad de Derecho de la UNR.
