La utilización de agroquímicos que demanda el modelo agropecuario pampeano es un tema recurrente en la agenda socioambiental santafesina que, en los últimos años, también comenzó a hacer eco en las discusiones políticas de diferentes niveles del Estado.
La falta de estadísticas oficiales sobre la cantidad de insumos químicos utilizados por el campo y la preocupación expresada por vecinos y organizaciones ambientalistas en muchos puntos de la geografía regional respecto a las consecuencias sobre la salud de las fumigaciones reactualizaron también el debate a nivel legislativo.
En ese contexto el diputado provincial, Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), presentó un pedido de informe al Ejecutivo para que el gobierno explique qué tipos de controles se realizan “sobre la comercialización de 1.497 productos calificados como herbicidas, insecticidas y fungicidas de los cuales, según el Senasa, hay 819 productos más peligrosos que el Roundup de Monsanto y 678 están calificados con la misma toxicidad”.
También recordó que la Legislatura tiene aún pendiente la modificación de la ley 11.273 que es la que actualmente regula el uso de agroquímicos, por lo que es necesario que los diputados y senadores “cuenten con información emanada de los distintos ministerios en torno al control que se hace de la utilización de esas casi 1.500 fórmulas comerciales que existen en el mercado”.
Hace pocos días el propio gobernador, Miguel Lifschitz, reconoció en su discurso de apertura de sesiones ordinarias que Santa Fe “está en mora con la agenda ambiental”, en parte porque aún no logró saldar el debate legislativo para generar una nueva normativa de regulación de las fumigaciones.
