Desde la asamblea por el agua pura manifestaron su rechazo a la posibilidad de retroceder en materia de protección ambiental. La industria minera tiene buenas expectativas.
La Asamblea Popular por el Agua Pura, conocida por llevar la bandera del cumplimiento de la Ley que prohíbe la minería contaminante en la provincia (7722), reaccionó en contra de cualquier posibilidad de modificar la Ley de Glaciares, la cual es un instrumento para preservar las reservas hídricas para el consumo humano, para la agricultura como para la recarga de las cuencas hídricas.
La repercusión llegó como respuesta a la noticia sobre la reunión del presidente Mauricio Macri con empresarios mineros, donde les manifestó la intención de trabajar en un proyecto de modificación de la norma 26.639. En tanto, desde la Cámara de Servicios Mineros, señalaron que la reunión “fue propuesta por el mandatario para desarrollar la minería y destrabar los problemas en provincias como la nuestra”.
Una integrante de la Asamblea Popular por el Agua Pura, Julieta Lavarello, abogada y especialista en Derecho Ambiental, lanzó: “No nos sorprende en nada esta intención del presidente, es un empresario y desde que asumió estamos en alerta, atentos a las reformas que busca implementar. Esto forma parte del plan de beneficiar a las empresas mineras, que empezó con la eliminación de las retenciones”.
Lavarello hizo hincapié que la Ley de Glaciares es un régimen de presupuestos mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglaciar y sólo se puede ampliar, no retroceder en la custodia de “los bienes comunes”.
“De llegar a haber una reforma, nosotros plantearemos en el ámbito que corresponda que es absolutamente inconstitucional acá en Mendoza, si el gobernador Alfredo Cornejo la apoya, y a nivel nacional”, anticipó la ambientalista.
De acuerdo al Inventario de Glaciares elaborado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnicas (Conicet), sólo en la Cuenca del Río Mendoza hay mil glaciares distribuidos en unos 573 kilómetros cuadrados. Representan el 15% del total del país, después de Santa Cruz que tiene el 75%. El resto está en San Juan y en menor medida en otras zonas de la cordillera argentina.
“Dejar sin efecto la protección de los glaciares es parte del modelo del saqueo, la contaminación y la destrucción de la naturaleza, si esto empieza a tomar más fuerza, vamos a visibilizar los peligros que significa, movilizándonos e informando a la comunidad”, consideró.
