Presentaron un proyecto que busca proteger al inquilino y regular el mercado inmobiliario, sobre todo en cuanto a comisiones y garantías. “El objetivo es transparentar el vínculo que existe entre quien necesita alquiler y quien pone una vivienda para que sea alquilado”, indicó.
En diálogo con Rompecabezas, el presidente del bloque socialista, Rubén Galassi, explicó de qué se trata el proyecto que presentó en la legislatura: “el objetivo es transparentar el vínculo que existe entre quien necesita alquiler y quien pone una vivienda para que sea alquilado”.
La nueva norma le pone tope a las comisiones que cobran las inmobiliarias por celebrar los contratos, plantea que estos honorarios sean compartidos por dueños e inquilinos y regula la cantidad y calidad de las garantías que deben presentarse a la hora de alquilar. Además, establece que sean los propietarios quienes paguen el impuesto inmobiliario.
Acerca de la relación y la visión de las inmobiliarias, Galassi indicó que “quienes están en el sector de las inmobiliarias prefieren un mercado desregulado y van a argumentar en favor de ello”.
En qué consiste la propuesta
La nueva ley fija comisiones con un tope del 4 % (cuatro por ciento) del valor del contrato y en caso de renovación entre los mismos titulares, 2% (dos por ciento, o sea la mitad del porcentaje estipulado para el primer contrato). De aprobarse el proyecto, estos honorarios serán pagados en partes iguales por inquilinos y propietarios. Actualmente las comisiones no están reguladas, sino que quedan libradas a lo que pacten las partes, lo que puede derivar en situaciones abusivas.
En tanto, las garantías quedan establecidas en un máximo de dos inmuebles (garantía propietaria) o tres codeudores que acrediten ingresos periódicos (garantía vía recibos de sueldo). Además, los inmuebles que se presenten como garantía podrán estar ubicados en cualquier localidad de la provincia, no necesariamente donde está emplazada la propiedad a alquilar. A esto se suma la gratuidad del trámite de consulta de la situación dominial por parte de jubilados y ciudadanos que destinen el inmueble a vivienda y cuyos ingresos familiares no superen el sueldo de un empleado de comercio.
Por otra parte, el impuesto inmobiliario estará a cargo de los locadores y no podrá ser transferido a los inquilinos. Sobre este punto, Galassi apuntó que “a diferencia de los servicios, como la luz o el gas, que claramente debe abonar quien utilice esos servicios, el impuesto inmobiliario es un impuesto al patrimonio y como tal lo debe abonar el titular de ese patrimonio, osea el propietario, nunca el inquilino”.
Otro punto del proyecto de ley tiene el objetivo de frenar la especulación, aumentar la oferta de vivienda y por lo tanto abaratar el precio de los alquileres. En este sentido, se prevé que las propiedades deshabitadas por al menos un año abonarán más impuesto inmobiliario a través de un pago adicional progresivo.
La iniciativa, que será tratada durante las sesiones ordinarias, se trabajó con organizaciones civiles vinculadas con este tema, como Concejalía Popular, y con el área “Hoy alquilo” de la Municipalidad de Rosario, que brindan asesoramiento en la materia. Acompañaron al diputado Galassi con su firma, otros legisladores del socialismo y de otros espacios políticos dentro del Frente Progresista Cívico y Social.
