La Comisión de Legislación general de Diputados dictaminó la ley de alquileres que anunció el viernes Mauricio Macri, una corrección del proyecto aprobado a fines de 2016 en el Senado y avalado por la mayoría de las fuerzas de la oposición.
Sólo el Frente Renovador (massismo) a través de Carla Pitiot presentó un dictamen alternativo con mayores protecciones a los corredores inmobiliarios, que coparon el anexo C de la Cámara baja para exigir que no haya regulación.
“Nosotros atendemos a las dos partes y estamos a disposición del inquilino los 365 días del año”, se defendió Ernesto Ziegler, representante del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires.
Se refería a uno de los artículos que prohíbe a las inmobiliarias cobrarles comisiones a los inquilinos. El proyecto, que seguirán retocando hasta mañana, impide un depósito superior a un mes de contrato de alquiler y obliga a devolver el monto del último mes de pago y fija el plazo mínimo de alquiler en tres años.
La ley amplía las garantías para alquilar una vivienda, amplía los contratos a 3 años y permite actualizarlos en forma semestral pero con un índice preestablecido. El kirchnerismo pedirá cambios en el recinto.
Permite rescindir el contrato sin costo y habilita un ajuste semestral, como ocurre en muchos casos aún sin estar permitido, pero deberían hacerlo con un índice combinado entre IPC y CVS. Y amplía el universo de garantías del inquilino, que podrán incluir avales bancarios o seguros de caución.
La audiencia fue coordinada por el macrista Daniel Lipovetzky, que había logrado consensuar otro dictamen el año pasado pero finalmente nunca llegó al recinto.
Con Macri involucrado e interesado en enviar mensajes favorables a la clase media, la ley se aprobará en noviembre y el Senado lo converitría en ley, pese a la furia de inmobiliarias y martilleros.
