El legislador nacional Oscar Cachi Martínez expresó que ante la falta de Reales que estuvieron asegurando los rosarinos que comienzan sus vacaciones para irse a Brasil, “no deberían existir inconvenientes” en las casas de cambio y entidades habilitadas. Ante esto solicitó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actué y aseguró: “Llama la atención la existencia de problemas de este tipo, donde se pueden esconder intereses especulativos. No vamos a tolerar ningún tipo de maniobras especulativas que afecten a los consumidores” afirmó.
El diputado nacional trasladó hacia autoridades de la Superintendencia del Banco Central la inquietud en el ámbito de la provincia de Santa Fe, ante la imposibilidad de comprar Reales aun luego de las autorizaciones de la AFIP. Según el legislador de 100% Santafesino, “los funcionarios recibieron la preocupación y sostuvieron que no deberían existir inconvenientes en las casas de cambio y entidades habilitadas, por lo que ante estos episodios, los interesados deberán contactarse con el área de Defensa del Área de Servicios Financieros y con la Superintendencia del Banco Central”.
Cachi Martínez agregó: “Solicitamos que esta entidad nacional actué porque nos llama la atención el accionar de este tipo, donde se pueden esconder intereses especulativos y en la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central que votamos este año en el Congreso argentino sostuvimos que no vamos a tolerar ningún tipo de maniobras especulativas que afecten a los consumidores”.
Vale recordar que la Reforma a la Carta Orgánica, dispuesta por la Ley Nº 26.379, contempla -en el Art. 4° inciso h- que entre otras funciones el BCRA deberá “proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros”. Y entre sus funciones, el área se encarga de dirigir el proceso centralizado de respuesta a consultas y reclamos de usuarios y servicios; asesorar a los usuarios de servicios financieros respecto de sus derechos; fomentar la educación económico-financiera de la ciudadanía con el propósito de facilitar una mayor y mejor comprensión de los derechos que le asisten al usuario y de los servicios que se ofrecen, promoviendo el consumo racional y responsable de los servicios bancarios y; mantener una base pública de consultas, interpretaciones y respuestas.
