“Se deben complementar con acciones para atacar el núcleo duro del problema porque los narcos no viven en los barrios”, dijo el concejal del PPS, Héctor Cavallero, autor de la iniciativa.
El concejal del Partido Progreso Social (PPS), Héctor Cavallero, presentó un proyecto para crear el Departamento de Lucha permanente contra la Economía del Delito.
Se trata de una iniciativa que busca organizar y efectivizar los controles en materia de seguridad en la ciudad, en forma conjunta con fuerzas federales y reparticiones municipales. La medida, que se tratará el martes 29 de abril en el recinto, busca también que el ejecutivo implemente de manera urgente tres ordenanzas aprobadas en 2012 para regular las empresas de seguridad privada, crear Fiscalías federales en cada uno de los distritos y controlar los comercios en los que se puedan vender mercaderías provenientes de operaciones ilícitas.
“Insisto con que se debe completar la tarea que se está haciendo con la destrucción de los búnkers de venta de droga pero hay que tener en claro que los narcos no viven en los barrios y es por eso que se deben complementar con acciones para atacar el núcleo duro del problema, el que hace mover los engranajes”, enfatizó.
Quienes lavan dinero comprando autos de alta gama, departamentos en torres, campos y monedas extranjeras, “cualquier persona informada en al ciudad sabe cuál es este circuito que hay que cortar de cuajo”, recordó.
Ordenanzas aprobadas y no implementadas
El 13 de diciembre de 2012 fue aprobado por el Concejo Municipal, mediante decreto 38.808, el proyecto del edil Cavallero que establece el funcionamiento de seis Fiscalías federales en la ciudad, las cuales deben estar dotadas del personal y la infraestructura correspondientes con el objetivo de recepcionar denuncias relacionadas con delitos de índole federal.
El mencionado decreto establece también que las Fiscalías deben estar ubicadas en los Centros Municipales de Distritos (CMD) respectivos, con el fin de respetar el criterio de descentralización de la Municipalidad.
Sin embargo todavía no fue implementada por la Municipalidad, “y es de suma importancia ya que el vecino que vive en un barrio y quiere denunciar una actividad ilícita, de esta manera puede hacerlo sin necesidad de movilizarse hacia el centro de la ciudad”, consideró el edil.
Asimismo, a través de la mencionada ordenanza, se encomendaba al Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias, junto con legisladores nacionales y provinciales, el gobierno provincial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y organizaciones no gubernamentales, para así poder aplicar la ordenanza que tiene como fin la investigación, el esclarecimiento y el juzgamiento de los delitos federales.
Controles más efectivos
A fines de 2012 también fue aprobado mediante el decreto 38.809, la ordenanza que establece que el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana (hoy Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana) junto con la Administración Federal de Impuestos (Afip) y reparticiones gubernamentales que correspondan, inspeccione los comercios en los que se podrían vender artículos provenientes de actividades ilícitas. El decreto estipulaba que el Ejecutivo debía presentar en el Concejo un informe sobre lo actuado, en un plazo no mayor a 90 días.
“La Municipalidad ha hecho caso omiso de las ordenazas. En este caso, es vital para combatir el delito, que se realicen controles más exhaustivos en desarmaderos, chatarrerías, locales de ventas de equipos de telefonía y todos aquellos negocios en los que se presten para la comercialización de artículos robados”, expresó.
